Los vecinos desalojados aún no han recibido ninguna ayuda

Transcurrido un mes desde el derribo del edificio de Olivos Borrachos y de los desalojos de El Arenal, los afectados continúan fuera de sus casas y con una incertidumbre sobre su futuro en forma de dificultades económicas


El susto fue extraordinario. “Sonó el timbre, miré por la mirilla y vi dos policías municipales. Abrí la puerta y me dijeron que tenía que abandonar el edificio por que había inminente riesgo de derrumbe y que tenía media hora para coger dos mudas de ropa y salir del bloque corriendo”. Así lo vivieron hace ahora un mes las 16 familias que vivían en el número 13 de la calle Venerable Juan de Santiago, en el barrio de El Arenal, justo a las espaldas del Centro Comercial El Arcángel. Y así lo relata Salud Borrego, una de las afectadas por los desalojos de las últimas semanas, que se ha quedado de la noche a la mañana, sin nada.

Parece ser que la precaución ante posibles derrumbes de edificios se ha instalado como máxima en Capitulares, a juzgar por el tremendismo y las formas en que decidió desalojar el inmueble de El Arenal, u otros como el de la calle González Aurioles, en la zona de Olivos Borrachos, con una orden de demolición inmediata, o el de la calle San Eulogio, en el Centro Histórico.

Se trata -es de suponer- de decisiones muy meditadas dado el perjuicio que ocasiona a los propietarios que habitan estas viviendas que han tenido que buscar acomodo en diferentes rincones de la ciudad, bien en casa de familiares, en hostales y pensiones o recurriendo al alquiler de nuevas viviendas con el sobrecoste económico que conlleva. Para paliar dichos gastos, Vimcorsa se ha prestado a ofrecer ayudas de 150 euros al mes para las familias desalojadas de hasta dos miembros, de 200 euros para las de entre tres y cuatro miembros, y 250 para aquellas familias de más de cuatro personas. Pero lo cierto es que transcurrido un mes de los desalojos, los afectados aún no han recibido ni un sólo euro de ayuda.

De cualquier forma. se trata de unas cantidades ínfimas cuando, como se lamenta Fátima Mesa, una de las desalojadas de Olivos Borrachos, “todo lo que ha pasado ha sido un mazazo psicológico irreparable”. Y es que, tras el susto del derrumbe de la vivienda colindante, Urbanismo les dio un plazo de 48 horas para demoler la casa en la que “teníamos toda una vida y de la que ya no queda nada”. La familia Mesa ha tenido que buscarse una nueva vivienda de alquiler que, de momento, están pagando en parte con el dinero de una beca que Fátima tiene concedida. “Nos han dicho que vamos a tener ayudas, pero ya hemos tenido que desembolsar una cantidad inicial y nosotros no hemos visto un euro. No sólo hemos perdido todo, sino que además nos cuesta más dinero seguir viviendo”, se lamenta.

En una situación similar se encuentra Eva González, la propietaria del bajo comercial del edificio de González Aurioles quien se muestra confusa y desorientada ante la situación. “Pague 300.000 euros por el local hace dos años y ahora estoy sin nada. Vivimos con los 420 euros de pensión de mi marido porque yo, al ser autónoma no tengo derecho a ninguna compensación. Además tampoco tengo ayuda económica porque no vivía allí”; lo que le lleva a pensar que nadie quiere hacerse responsable de la situación. “Tenía la tienda asegurada y he tenido revisiones de Sanidad y de Hacienda y nadie me había dicho nunca que el edificio estuviera en ruinas, sino que todo estaba bien. Ahora, después de lo sucedido, el Ayuntamiento me dice que no tiene obligación de darme nada y el seguro que no se hace cargo”. Ante esto, relata la damnificada. “me han dicho que el Ayuntamiento me van a instalar una especie de caseta de obra en la que pueda seguir manteniendo la actividad comercial y me estoy planteando aceptar porque si no cojo eso, nadie me va a ayudar”.



Una cuestión económica

El problema que se plantea para los desalojados es, fundamentalmente de carácter económico. Los más afortunados ya habían terminado de pagar su vivienda, como es el caso de Ángela Posadas, vecina de la calle Venerable Juan de Santiago, en El Arenal; pero Salud Borrego, vecina del mismo inmueble, tiene que seguir pagando religiosamente la hipoteca al mismo tiempo que un alquiler. “En un principio me fui con mis dos hijos a casa de mi hermana, pero ellos son cinco de familia y allí no cabíamos. Hemos estado durmiendo por los suelos, pero eso no era forma de vida, así que nos hemos visto obligados a alquilar una casa en la zona de San Pedro”.

Más problemas ha tenido Cecilia Méndez, una inmigrante sudamericana también desalojada de El Arenal, que se vio antes de Semana Santa sin techo y con la negativa de muchos arrendadores a la hora de aceptar extranjeros como inquilinos en una actitud rayana a los límites del racismo. “Yo no tengo dinero para pagar un mes de fianza y otro de alquiler y no sabe lo que he sufrido para encontrar un piso”.

Otros vecinos de ese mismo inmueble, como es el caso de Ana Expósito, tienen que hacer frente a los inconvenientes de rehacer su vida más inmediata lejos de donde han venido desenvolviéndose durante muchos años. “Estamos de prestado en una casa que tiene mi suegro en Miralbaida, pero dependemos del coche para absolutamente todo”. Algo parecido a lo que le ha pasado a Francisco Oteros, propietario del bajo del edificio, donde tenía un pequeño almacén logístico. “Esta historia nos mantuvo paralizados una semana hasta que nos permitieron entrar a recoger el material que teníamos allí. Nos han dicho que no tenemos ningún tipo de ayuda, así que nos hemos tenido que alquilar una nave en un polígono. La casa no se ha caído, así que estamos estudiando la posibilidad de exigir responsabilidades al Ayuntamiento, aunque no hemos decidido si lo haremos directamente o a través de nuestro seguro privado”.

Un nuevo alquiler, la hipoteca del piso, la reparación de las grietas, el pago de la comunidad, los gastos de agua luz, gas y teléfono, los recibos ordinarios, las letras de otros bienes, lo cierto es que, como explica María Ruiz, otra de las vecinas del inmueble de El Arenal, “no nos queda otro remedio que apretarnos el cinturón y recortar de donde no hay porque está claro que aquí nadie nos va a ayudar con esto”.




“En nuestro desalojo hubo muchísima precipitación”
Entre los vecinos del número 13 de Venerable Juan de Santiago existe una mayoritaria sensación de que Urbanismo se precipito a la hora de ordenar un desalojo que les ha ocasionado multitud de daños colaterales, a su juicio evitables. Así lo cree Francisco Oteros, quien se muestra convencido de que “no hay riesgo de derrumbe, porque si no, no nos hubieran dejado entrar los diez días posteriores a recoger el material que teníamos en el bajo del edificio”. Según él, “el Ayuntamiento ha querido curarse en salud para evitar otro escándalo como el de Olivos Borrachos, pero el problema es que no han valorado los daños que estaban ocasionando con esa medida”.

Él, como otros vecino con mayores posibilidades económicas están planteándose exigir responsabilidades a Capitulares, puesto que “nosotros teníamos ya permiso para realizar las obras de afianzamiento”. De la misma forma opina María Ruiz Posadas o Ana Expósito; no así Salud Borrego, quien estaba “realmente asustada, porque por las grietas casi veía la casa de mi vecina”. En lo que están todos en acuerdo absoluto es en que, no debió hacerse de esa forma tan precipitada, “sin previo aviso y con dos policías metiéndonos prisa”.


Fuente: La Calle de Córdoba. Nº 608