El Defensor Visita la Prisión de Córdoba

Animó y pidió a los internos confianza en sus posibilidades y coraje para salir de la marginacióm


El Defensor de la Ciudadanía Francisco García-Calabrés Cobo, ha visitado el centro penitenciario de Córdoba dentro de las visitas periódicas que realiza a dichas instalaciones, y ha tenido un extenso encuentro con las personas internas en la prisión, a las que habló con motivo del Año Internacional de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, sobre la situación de exclusión social que viven numerosos colectivos de la sociedad cordobesa, analizando sectores como las drogodependencias, sin techo, mayores, parados, minorías, extranjeros, etc.

Tras un intenso debate con los internos de la prisión sobre las causas y alternativas ante la exclusión social, Francisco García-Calabrés alentó y animó a los internos para aprovechar las posibilidades educativas y formativas que se les ofrecen, y les pidió a todos un compromiso consigo mismos, de esfuerzo para salir adelante en sus situaciones particulares de adversidad, y un compromiso con la sociedad a la que pronto se incorporarán con plenitud de derechos.

El Defensor, comentó también las líneas de trabajo de su Oficina y se puso a disposición de todos los internos en la defensa de los derechos que, como ciudadanos, les corresponden respecto a las administraciones públicas.

La actividad, fue promovida por el Aula de la Naturaleza de la prisión que cumple 10 años, y acompañada por el presidente de la Asociación Acción Ecologista Guadalquivir Bartolomé Olivares.

“Por aquí no paso”

La mayoría de los equipamientos culturales y museos de la ciudad no están adecuadamente adaptados para que una persona que esté en silla de ruedas, vaya con muletas o bastones, y pueda acceder a ellos

Parece increíble que en pleno siglo XXI un minusválido se encuentre con dificultades a la hora de acceder a cualquier museo o equipamiento cultural. Pero lamentablemente es así. La mayoría de edificios y monumentos cordobeses presentan alguna barrera arquitectónica que impide el acceso a este colectivo.

Escaleras, puertas pequeñas y algún impedimento más son los que se encuentra una persona con movilidad reducida, en silla de ruedas o con muletas, que quiere disfrutar de lugares destinados a la cultura o al ocio.Así lo explica Antonio Hermoso, presidente de la Federación Provincial de Minusválidos Físicos de Córdoba, quien afirma que “muchas veces no vamos a esos sitios porque sabemos que no podemos ni entrar debido a las barreras arquitectónicas”. Sin embargo, también reconoce que “existe cierta dificultad a la hora de acondicionar monumentos y edificios tan antiguos, pero con conocimiento y técnica se podría hacer”.

De hecho, Fepamic ha elaborado una Guía de Accesibilidad Cultural, que cataloga los edificios en cuatro categorías: completamente accesibles, accesibles con ayuda, accesibles con muletas o bastones, o no accesibles; y donde refleja que los peor acondicionados son los museos de la ciudad.



Museos inaccesibles

Por poner un solo ejemplo, la entrada al edificio donde se ubica el Museo Julio Romero de Torres parece que no va a suponer ningún problema a la hora de acceder a él. Sin embargo, nada más pasar el patio, que comparte con el Museo de Bellas Artes, nos encontramos con un pequeño escalón, que con un poco de ayuda se puede sortear si se va en silla de ruedas, o sin dificultad si la persona necesita bastones o muletas. Pero el verdadero problema está ya dentro del museo, pues una larga escalera da la bienvenida al visitante, y no cuenta con ascensor para poder contemplar la planta superior, como ha podido comprobar El Semanario. Se está planteando instalar este artefacto tan necesario, pero hasta verano no se empezará a reformar este edificio, según informó un empleado del museo.

Otro de los edificios a los que a este colectivo le es casi imposible visitar es el Alcázar de los Reyes Cristianos. Sólo es accesible la entrada, pero pasada ésta empiezan los problemas. Escalones y suelos llenos de piedras que hacen impensable poder disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad.

En cambio, el museo de los Baños Alcázar Califal si está medianamente adaptado. Una rampa hace posible el acceso a esta galería. Una vez en su interior, cualquier persona puede disfrutar de sus encantos. Han colocado rampas para hacer más llevadera su visita a aquellos que no podrían hacerlo si hubiese escaleras. Sin embargo, alguna que otra puerta demasiado pequeña, un inesperado escalón, o rampas algo estrechas, pueden llegar a incomodar. Hermoso declara que “la adaptación no es sólo poner una rampa o agrandar una puerta, es algo más complejo, más trabajado”.



Accesible o imposible

Y es que para que cualquier persona pueda acceder a un equipamiento cultural, éste tiene que cumplir algunos requisitos, como que sea llano, sin peldaños o con una rampa alternativa de pendiente suave, de suelos antideslizantes; las puertas han de ser más anchas de 80 centímetros; los ascensores deben tener un tamaño concreto, y los lavabos tienen que estar perfectamente adaptados.

Estos requisitos muy pocos los cumplen, por lo que el acceso a la cultura por parte de este colectivo es sumamente complicado y en numerosas ocasiones imposible.

Sin embargo, no todo en la ciudad es inaccesible. Las Murallas de la Ronda del Marrubial, la Plaza de las Tendillas, la Corredera o la nueva Biblioteca Central son totalmente accesibles; y Caballerizas Reales o la Plaza de Capuchinos también pero con ayuda, a jucio de Fepamic. Por lo tanto, algunos lugares de la ciudad, sobre todo los que se encuentran al aire libre, sí que se pueden visitar por este colectivo.



Una obra teatral

En cambio, cuando un minusválido decide ir al teatro tiene que tener muy claro que el recinto está acondicionado. El acceso al Gran Teatro no debe suponer ninguna complicación. Pero hay algo que hace difícil su visita. Y es que un hecho tan cotidiano como el comprar una entrada, puede suponer todo un desafío, pues la taquilla se encuentra a una altura adecuada para una persona sin discapacidad, pero para una persona en silla de ruedas, está un poco alta. A pesar de esto, una de las empleadas asegura que reciben a muchos minusválidos en sillas de ruedas.



Un camino muy largo

Córdoba necesita una remodelación de sus equipamientos culturales, ya que la cultura en la capital “no es para todos, sólo para unos pocos. Y es una pena porque es una ciudad con un gran legado histórico y cultural, pero inaccesible para personas con discapacidad”, dice en la Guía de Fepamic.

Según Hermoso, “tendría que modificarse mucho casco histórico, pero también la parte nueva de la ciudad. Hay ciudades como Barcelona o Cáceres muy envidiables en este sentido, pero Córdoba tiene mucho que hacer”.

Sin embargo, el remedio a estos problemas parece que está llegando poco a poco. El Ayuntamiento planea destinar más de 200.000 euros a mejorar la accesibilidad de museos y equipamientos culturales de gestión municipal, que consistirán en adecuación, rehabilitación o mejora de estos edificios.

Unas iniciativas que muchas personas están deseando que se hagan realidad porque el acceso a la cultura debería ser para todos igual.




La adaptación falta en todos sitios

No sólo los monumentos, museos y edificios culturales presentan barreras para los minusválidos, muchos lugares de interés turístico también son un verdadero calvario para este colectivo. Entre ellos, se encuentra el barrio de la Judería, ya que es un tanto peliagudo ir por allí con una silla de ruedas o con unas muletas o bastones, porque sus adoquines y desniveles pueden pasar desapercibidos para cualquier persona, pero no para ellos. O incluso la Cuesta del Bailío, que debido a su gran escalinata de enchinado cordobés, se hace muy complicado transitar por ella sin ningún tipo de ayuda. Antonio Hermoso asegura que si todo esto se adaptara sería mejor para la ciudad porque “podría ser hasta más rentable, ya que vendrían a Córdoba minusválidos de fuera, que no vienen porque saben la imposibilidad que existe de acceder a muchos monumentos”. El presidente de Fepamic también reclama la accesibilidad en los hoteles, que aunque se califican como adaptados, se olvidan de detalles como el de “colocar las toallas a una altura adecuada”.

Fuente: La Calle de Córdoba. Nº610

“Mi hijo no es un problema”

Padres de niños con necesidades educativas especiales se enfrentan a una lucha constante para lidiar con un sistema educativo que aún no cuenta con los recursos ni con la formación e implicación docente para atender a sus hijos

Hechos como el ocurrido hace unos días en el colegio La Aduana demuestran que la integración y la atención de los niños con necesidades educativas especiales aún no existe en el sistema educativo andaluz. Rafael, un niño de siete años diagnosticado como hiperactivo con impulsos violentos, fue expulsado del centro, del comedor y del transporte escolar por el director de su colegio por mala conducta.

Sin embargo, para la madre de Rafa, Rita Pavón, la expulsión de su hijo se ha debido a que el centro no ha atendido al niño como debiera pues, pese a que ella se ha encargado de que conozcan su diagnóstico, no le han facilitado ningún apoyo ni refuerzo educativo especial que le ayude a desarrollarse con su trastorno y, pese a que éste sigue un tratamiento, “lo único que dicen es que no tiene educación y que está muy mimado. No entiendo cómo se habla tanto de la integración de los niños con necesidades educativas especiales y mi hijo ahora está en la calle. No tienen en cuenta que tiene una enfermedad”.

Lo cierto es que esta carencia de atención, junto a una falta de formación y hasta de voluntad del profesorado, es el día a día que encuentran en el sistema educativo muchos de los padres cuyos hijos son alumnos con necesidades educativas especiales. Autistas, borderline (personas con inteligencia al límete) o hiperactivos, como Rafa, a los que, según sus familias, el sistema aún no ha sabido atender pese a que Andalucía tiene leyes específicas para ello.

Mientras, la gran mayoría de ellos, tal y como asegura Rita, se pasan los años peleando para conseguir que sus hijos no sean vistos como un problema para el sistema educativo pues, “mi hijo no es un problema, sino un niño que tienen una enfermedad que les impide desarrollarse al ritmo del resto pero sobre el que se puede trabajar.

La lucha que mantienen muchos padres y muchas madres porque sus hijos reciban la educación que merecen los lleva a compensar la escasa atención que como denuncian, reciben de la administración y asumir ellos los costes de una atención complementaria que por lo general, suele ser muy costosa. Los padres de Guillermo, un niño autista de 16 años, incluso se vieron obligados a acudir a un especialista privado para que diagnosticara a su hijo con tres años y ni por ello, el centro contó con los recursos necesarios.

De hecho, tal y como asegura Ana, la madre de Guille, la ausencia de recursos en el sistema educativo les llevó a acudir a una terapeuta privada que desde que el niño tenía tres años acudía a casa a trabajar con él. En el colegio al que iba su hijo, “la profesora de Infantil lo metía en el cuarto de las fregonas con la profesora de prácticas cuando se ponía nervioso, no podíamos interactuar con él pero a los quince días de venir la terapeuta el cambio fue increible”. A raíz de la mejoría de Guillermo sus padres fueron conscientes de que sólo ellos podían volcarse en el desarrollo de su hijo. Ana lleva al niño a una asociación en la que recibe un refuerzo educativo tres días a la semana y dónde trabaja el lenguaje pues, en este momento, tal y como ella explica, “es su principal deficiencia”.



Falta formación y voluntad docente

Para Ana, la madre de Guillermo, su caballo de batalla diario y la principal barrera que impide que su hijo reciba del sistema educativo lo que merece, junto a la falta de recursos, es la escasa formación y la poca voluntad que tienen los propios docentes. Su batalla diaria consiste en pelear porque los profesores de educación especial del aula específica de autismo a la que asiste su hijo, sepan qué es el autismo.

Tanto es así que, tal y como ella misma asegura, lleva todo el curso protestando porque no están haciendo las cosas bien con Guille. “Estoy cansada, ya no puedo más con esta situación. Los profesores son personas que llevan toda la vida en educación especial pero no están especializados en autismo. Prácticamente he tenido que enseñar a la profesora cómo hacer las cosas con él”.

De hecho, lo que esta familia echa en falta es que su hijo trabaje básicamente aquello que le permitirá desarrollarse pues, al igual que a otros muchos niños con necesidades educativas especiales, no son pocos los días que pasan sin hacer nada. “Lo que queremos es que le trabajen la planificación, la ejecución y las habilidades sociales. Ahora únicamente se lo trabaja un logopeda tres horas a la semana en el instituto, en la asociación y nosotros en casa, cuando debiera ser lo que debiera estar haciendo a diario y no copiar poesías”, como hace ahora.



Renunciar a la integración

Todas las carencias que supone pelear para que los niños con necesidades educativas especiales estén integrados, lleva a muchas familias a renunciar a la intengración e incluso a la educación pública en favor de centros de educación especial o privados dónde al menos, se garantizan que tendrán una mayor atención y dedicación. Para ello, Rosa Matas, madre de Cristina, una niña border line con quince años, optó por escolarizar a su hija en la modalidad de educación especial y dejar atrás el centro público de su barrio.

Hoy, esta madre reconoce que el desarrollo de Cristina, dos años después de cambiar de centro, ha sido enorme pues aunque en su anterior colegio la niña, diagnosticada con un retraso psicomotor leve, estaba integrada en el aula normalizada, Rosa sabía que “el centro no la estaba atendiendo bien. El profesor de educación a la integración no estaba especializado ni preparado”.

Ahora, en el centro al que asiste Cristina sólo hay cinco o seis niños por clase y el profesorado está muy implicado con ella hasta el punto de haber conseguido que pueda acudir a ciertas asignaturas en el aula normalizada. “Si no la hubiera cambiado estaría más aislada y no habría avanzado tanto, se sentía frustrada. Ahora tiene una adaptación del currículum a su nivel y va superando pruebas. Es una pena que el sistema educativo no haya sabido todavía integrar a los niños como mi hija”. Para ésta familia, como para tantas otras, siempre les quedará la sensación de que sus hijos pueden avanzar mucho más, de que es posible que lo hagan integrados y sin suponer un problema al sistema que hay que aislar.

De hecho, asegura Ana, “lo único que necesitamos es que los profesores estén formados y motivados, sensibilizados ante el problema que tienen nuestros hijos. Los niños con necesidades educativas especiales que progresan es porque tienen suerte y recursos propios para hacerlo pero hay muchos que se estancan y es una auténtica pena”.

Ellos seguirán luchando por su cuenta para que sus hijos puedan avanzar contra sus enfermedades y contra un sistema educativo que de momento, no ha sabido dar el lugar que merecen a los niños con necesidades educativas especiales.




La integración favorece su desarrollo

Las familias que tienen hijos escolarizados con necesidades educativas especiales están convencidos y luchan porque sus hijos estén integrados en aulas normalizadas pues para ellos, la integración de estos niños con otros que no necesitan ningún refuerzo, les ayuda a estar motivados y a sentirse apoyados y que de hecho, tanto para nos como para otros, resulta positivo. De lo contrario, como asegura la madre de Rita, un niño hiperactivo, “lo que conseguirán aislándolo será que vaya a peor. Lo que queremos es que los atiendan como debieran. El coste no es grande lo que falta es voluntadc para hacerlo”. Tanto es así que la legislación andaluza de atención a la diversidad contempla medidas como la adaptación curricular y el refuerzo o apoyo educativo para hacer posible la integración. Si bien, de momento, aún es una cuenta pendiente en el sistema.

Fuente: La calle de Córdoba.nº610

Defensor del ciudadano Francisco Garcia-Calabres ha impartido una Conferencia a los integrantes del Aula de la Naturaleza

EL PLENO DE LA DIPUTACION CONOCE Y FELICITA EL TRABAJO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUDADANIA

Decenas de colectivos sociales arropan al Defensor en la presentación de su Memoria 2009

El Defensor de la Ciudadanía Francisco García-Calabrés Cobo ha dado cuenta al pleno de la Diputación de su gestión durante el año 2009, en el que ha resaltado de dicho ejercicio el incremento de un 22 % de los expedientes tramitados, 777, el número más alta en su historia, así como el trabajo en red con numerosos colectivos ciudadanos y otras defensorías, y la elaboración de los informes monográficos sobre prostitución y el dedicada a servicio doméstico y ayuda a domicilio, además de los 13 convenidos de colaboración con la Oficina del Defensor firmados con otros tantos ayuntamientos de la provincia. Entre los retos, se destacó el compromiso con el Año Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el trabajo pro activo de defensa de derechos y libertades ciudadanas a través de los informes, cursos y jornadas previstas, y la defensa del usuario de la administración electrónica, además de mejorar la regulación normativa de las defensorías.


Los portavoces de los tres grupos políticos, felicitaron al Defensor por su trabajo durante todo el ejercicio y reconocieron el esfuerzo realizado por estar cerca de los ciudadanos, y pidieron a la Institución provincial una mejora en los medios materiales, así como un mayor debate de los informes monográficos realizados por la Oficina dentro de sus ámbitos de competencias. El presidente de la Diputación, Francisco Pulido se unió a las felicitaciones de todos los grupos.

Casi 40 colectivos ciudadanos, vecinales, sociales y sectoriales de todo tipo y de varios rincones de la provincia se personaron en el Salón de Plenos hasta abarrotarlo, para acompañar al Defensor del Ciudadano y compartir y seguir la exposición de su informe de gestión al pleno. Entre los colectivos, se encontraban presidentes y representantes de Iemakaié, Córdoba Acoge, Centro Día de Mayores Poniente, Unicef, Renacer, Fundación Cristo de las Mercedes, Fundación Arco Iris, Fundación Secretariado Gitano, Fepamic, Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba, Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, Resurgir, Accem, HOAC, Plataforma No Me Quites Mi Hospital, Mujeres en Zona de Conflicto, Cruz Roja, Asoc. Mujeres Hiedra, Adoratrices, Colegio de Médicos, Asaenec, Áraem de Rute, Unión Romaní, Facua, Asociación Pro Derechos Humanos, Consejo de Distrito de Levante, AA.VV La Viñuela, sindicato UGT, Fundación Pro Libertas, Alzheimer San Rafael, Consejo Distrito Poniente Sur, Opción Luna, etc.

El Defensor agradeció a la Institución, grupos políticos y servicios técnicos, su apoyo, y pidió su colaboración para seguir mejorando en los retos que la sociedad cordobesa nos demanda.

En la prensa de hoy:
El Día de Córdoba

El Defensor presentará mañana ante el pleno el Informe Memoria 2009. La noticia se desarrolla en los siguientes Medios de Comunicación:

Diario Córdoba

20 Minutos

Diario Pozoblanco

Europa Presss / Andalucía

Priego Digital

Dia de Córdoba

La Oficina del Defensor de la Ciudadanía recibió en 2009 un 22% más de expedientes alcanzando los 629

La Oficina del Defensor de la Ciudadanía de la Diputación de Córdoba ha informado hoy del contenido del Informe Memoria 2009, en el que queda recogido el incremento del número de expedientes recibidos, con un 22% más que en 2008 hasta alcanzar los 629 nuevos expedientes -777 si se consideran expedientes anteriores tramitados en 2009-, y de la resolución del 94 % de ellos.

El delegado de Participación Ciudadana de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha destacado que estos expedientes han generado un total de 4.835 actuaciones entre cartas, entrevistas personales, informes y envíos de correos y han procedido en un 90 % de los casos de personas físicas y en el 10 % restante de colectivos sociales.

Además, ha destacado la mayor cercanía de la Oficina del Defensor a los colectivos sociales de Córdoba y provincia gracias a la presencia en ésta de 69 ayuntamientos a través de la firma de 13 nuevos convenios, y ha mostrado la intención de la Diputación provincial de “llegar en 2010 al 100 % de los ayuntamientos”.

Por su parte, el defensor de la Ciudadanía, Francisco García-Calabrés, ha explicado que las demandas de información, queja o reclamación se han centrado en temas de extranjería en el ámbito central, en temas relativos a la escolarización o infraestructuras educativas en el ámbito autonómico –con un incremento del 290% de las demandas-, en temas de acceso a viviendas protegidas o en servicios sociales, fundamentalmente referidos a la Ley de Dependencia.

En el caso de demandas o peticiones de información relativas a la institución provincial, Calabrés ha destacado la subida experimentada por materias como las carreteras, impuestos locales y oposiciones. Del mismo modo, destacan en el ámbito local los problemas derivados del urbanismo y la recogida y tratamiento de residuos.

El defensor de la Ciudadanía ha señalado como uno de los grandes ejes de su actuación el trabajo en red, donde destaca la puesta en marcha de tres foros de trabajo con colectivos de salud mental, una mesa sobre prostitución y un tercer foro sobre inclusión social.

Del mismo modo, ha insistido en la importancia de la “defensa proactiva de los derechos de los ciudadanos”, mediante la impartición de más de 35 conferencias y charlas y la edición de 4 informes, en el desarrollo de la colaboración institucional y en la labor de difusión que lleva a cabo la Oficina, dentro de la cual ha resaltado Internet.

Por último, García-Calabrés se ha referido a los retos planteados por esta oficina para el ejercicio 2010 destacando la edición de un informe monográfico sobre pobreza, a consideración de las quejas del usuario de la Administración Electrónica o el alcanzar a todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba.



Finalmente, el titular de Participación ha resaltado que “la memoria constata que la figura del defensor se ha convertido en un referente e instrumento fundamental de cara a la participación ciudadana y a la defensa de los ciudadanos de la provincia en sus relaciones con la Administración Local”.

Alumnos de la Facultad de Derecho visitan la Oficina del Defensor

La Oficina del Defensor de la Ciudadanía ha recibido la visita de un grupo de alumnos del último curso de la Facultad de Derecho.



En dicho encuentro han conocido las instalaciones, el trabajo que se realiza en la gestión de expedientes individuales así como la labor pro activa en la defensa de los derechos ciudadanos mediante conferencias, elaboración de informes, jornadas, etc.



Francisco García-Calabrés como titular de la Oficina les dió la bienvenida y explicó el origen de la Institución así como los datos más relevantes del trabajo cotidiano. Por otro lado, los miembros de las diferentes Areas de Trabajo de la Oficina del Defensor fueron departiendo con los alumnos y explicando sus diferentes funciones, así como la casuística que se plantea.



La actividad se enmarca dentro de las diferentes iniciativas para promover la difusión de los diferentes instrumentos de mediación en la resolución extrajudicial de los conflictos, siendo las Defensorías Ciudadanas el camino para informar y mediar respecto de las administraciones públicas.

La plataforma " No me quites mi Hospital" se reúne con el Defensor de la Ciudadanía

La Plataforma Ciudadana NO ME QUITES EL HOSPITAL, formada por 34 organizaciones sociales, se ha reunido con el Defensor de la Ciudadanía Francisco García-Calabrés Cobo, a fín de plantearle las reivindicaciones que dicha plataforma mantiene sobre dos aspectos: las deficiencias sobre la atención del hospital Materno Infantil Reina Sofía de Córdoba, a la vez que presentaron la propuesta alternativa a la reforma hospitalaria que quiere acometerse y que, según los interesados se encuentra sin presupuesto real y paralizada.



La Plataforma, que estuvo representada en dicho encuentro por los pediatras Felipe Toledo y Manuel Frías, los representantes de los padres José Castillero y José María Martínez, y por Alfonso Ariza en nombre de los colectivos, insistió en el cumplimiento del acuerdo adoptado mediante moción unánime por el Ayuntamiento de Córdoba de fecha 5 de febrero de 2009, así como que se cumpla lo recogido en el Decreto 246/2005 de la Consejería de Salud sobre calidad asistencias de los menores, argumentando además la petición recogida en más de 55.000 firmas y pidió al Defensor su mediación



Francisco García-Calabrés recordó la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz de 24 de junio pasado que resolviera a queja formulada por la Plataforma, recordando a la Consejería sus deberes legales y recomendando mayor participación ciudadana y la adopción de medidas que palien las deficiencias detectadas en el actual edificio hospital materno-infantil.

Los vecinos desalojados aún no han recibido ninguna ayuda

Transcurrido un mes desde el derribo del edificio de Olivos Borrachos y de los desalojos de El Arenal, los afectados continúan fuera de sus casas y con una incertidumbre sobre su futuro en forma de dificultades económicas


El susto fue extraordinario. “Sonó el timbre, miré por la mirilla y vi dos policías municipales. Abrí la puerta y me dijeron que tenía que abandonar el edificio por que había inminente riesgo de derrumbe y que tenía media hora para coger dos mudas de ropa y salir del bloque corriendo”. Así lo vivieron hace ahora un mes las 16 familias que vivían en el número 13 de la calle Venerable Juan de Santiago, en el barrio de El Arenal, justo a las espaldas del Centro Comercial El Arcángel. Y así lo relata Salud Borrego, una de las afectadas por los desalojos de las últimas semanas, que se ha quedado de la noche a la mañana, sin nada.

Parece ser que la precaución ante posibles derrumbes de edificios se ha instalado como máxima en Capitulares, a juzgar por el tremendismo y las formas en que decidió desalojar el inmueble de El Arenal, u otros como el de la calle González Aurioles, en la zona de Olivos Borrachos, con una orden de demolición inmediata, o el de la calle San Eulogio, en el Centro Histórico.

Se trata -es de suponer- de decisiones muy meditadas dado el perjuicio que ocasiona a los propietarios que habitan estas viviendas que han tenido que buscar acomodo en diferentes rincones de la ciudad, bien en casa de familiares, en hostales y pensiones o recurriendo al alquiler de nuevas viviendas con el sobrecoste económico que conlleva. Para paliar dichos gastos, Vimcorsa se ha prestado a ofrecer ayudas de 150 euros al mes para las familias desalojadas de hasta dos miembros, de 200 euros para las de entre tres y cuatro miembros, y 250 para aquellas familias de más de cuatro personas. Pero lo cierto es que transcurrido un mes de los desalojos, los afectados aún no han recibido ni un sólo euro de ayuda.

De cualquier forma. se trata de unas cantidades ínfimas cuando, como se lamenta Fátima Mesa, una de las desalojadas de Olivos Borrachos, “todo lo que ha pasado ha sido un mazazo psicológico irreparable”. Y es que, tras el susto del derrumbe de la vivienda colindante, Urbanismo les dio un plazo de 48 horas para demoler la casa en la que “teníamos toda una vida y de la que ya no queda nada”. La familia Mesa ha tenido que buscarse una nueva vivienda de alquiler que, de momento, están pagando en parte con el dinero de una beca que Fátima tiene concedida. “Nos han dicho que vamos a tener ayudas, pero ya hemos tenido que desembolsar una cantidad inicial y nosotros no hemos visto un euro. No sólo hemos perdido todo, sino que además nos cuesta más dinero seguir viviendo”, se lamenta.

En una situación similar se encuentra Eva González, la propietaria del bajo comercial del edificio de González Aurioles quien se muestra confusa y desorientada ante la situación. “Pague 300.000 euros por el local hace dos años y ahora estoy sin nada. Vivimos con los 420 euros de pensión de mi marido porque yo, al ser autónoma no tengo derecho a ninguna compensación. Además tampoco tengo ayuda económica porque no vivía allí”; lo que le lleva a pensar que nadie quiere hacerse responsable de la situación. “Tenía la tienda asegurada y he tenido revisiones de Sanidad y de Hacienda y nadie me había dicho nunca que el edificio estuviera en ruinas, sino que todo estaba bien. Ahora, después de lo sucedido, el Ayuntamiento me dice que no tiene obligación de darme nada y el seguro que no se hace cargo”. Ante esto, relata la damnificada. “me han dicho que el Ayuntamiento me van a instalar una especie de caseta de obra en la que pueda seguir manteniendo la actividad comercial y me estoy planteando aceptar porque si no cojo eso, nadie me va a ayudar”.



Una cuestión económica

El problema que se plantea para los desalojados es, fundamentalmente de carácter económico. Los más afortunados ya habían terminado de pagar su vivienda, como es el caso de Ángela Posadas, vecina de la calle Venerable Juan de Santiago, en El Arenal; pero Salud Borrego, vecina del mismo inmueble, tiene que seguir pagando religiosamente la hipoteca al mismo tiempo que un alquiler. “En un principio me fui con mis dos hijos a casa de mi hermana, pero ellos son cinco de familia y allí no cabíamos. Hemos estado durmiendo por los suelos, pero eso no era forma de vida, así que nos hemos visto obligados a alquilar una casa en la zona de San Pedro”.

Más problemas ha tenido Cecilia Méndez, una inmigrante sudamericana también desalojada de El Arenal, que se vio antes de Semana Santa sin techo y con la negativa de muchos arrendadores a la hora de aceptar extranjeros como inquilinos en una actitud rayana a los límites del racismo. “Yo no tengo dinero para pagar un mes de fianza y otro de alquiler y no sabe lo que he sufrido para encontrar un piso”.

Otros vecinos de ese mismo inmueble, como es el caso de Ana Expósito, tienen que hacer frente a los inconvenientes de rehacer su vida más inmediata lejos de donde han venido desenvolviéndose durante muchos años. “Estamos de prestado en una casa que tiene mi suegro en Miralbaida, pero dependemos del coche para absolutamente todo”. Algo parecido a lo que le ha pasado a Francisco Oteros, propietario del bajo del edificio, donde tenía un pequeño almacén logístico. “Esta historia nos mantuvo paralizados una semana hasta que nos permitieron entrar a recoger el material que teníamos allí. Nos han dicho que no tenemos ningún tipo de ayuda, así que nos hemos tenido que alquilar una nave en un polígono. La casa no se ha caído, así que estamos estudiando la posibilidad de exigir responsabilidades al Ayuntamiento, aunque no hemos decidido si lo haremos directamente o a través de nuestro seguro privado”.

Un nuevo alquiler, la hipoteca del piso, la reparación de las grietas, el pago de la comunidad, los gastos de agua luz, gas y teléfono, los recibos ordinarios, las letras de otros bienes, lo cierto es que, como explica María Ruiz, otra de las vecinas del inmueble de El Arenal, “no nos queda otro remedio que apretarnos el cinturón y recortar de donde no hay porque está claro que aquí nadie nos va a ayudar con esto”.




“En nuestro desalojo hubo muchísima precipitación”
Entre los vecinos del número 13 de Venerable Juan de Santiago existe una mayoritaria sensación de que Urbanismo se precipito a la hora de ordenar un desalojo que les ha ocasionado multitud de daños colaterales, a su juicio evitables. Así lo cree Francisco Oteros, quien se muestra convencido de que “no hay riesgo de derrumbe, porque si no, no nos hubieran dejado entrar los diez días posteriores a recoger el material que teníamos en el bajo del edificio”. Según él, “el Ayuntamiento ha querido curarse en salud para evitar otro escándalo como el de Olivos Borrachos, pero el problema es que no han valorado los daños que estaban ocasionando con esa medida”.

Él, como otros vecino con mayores posibilidades económicas están planteándose exigir responsabilidades a Capitulares, puesto que “nosotros teníamos ya permiso para realizar las obras de afianzamiento”. De la misma forma opina María Ruiz Posadas o Ana Expósito; no así Salud Borrego, quien estaba “realmente asustada, porque por las grietas casi veía la casa de mi vecina”. En lo que están todos en acuerdo absoluto es en que, no debió hacerse de esa forma tan precipitada, “sin previo aviso y con dos policías metiéndonos prisa”.


Fuente: La Calle de Córdoba. Nº 608

El Defensor participa en la inauguración de la muestra sobre Manuel Azaña en la Diputación

El Patio Barroco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge desde hoy y hasta el próximo 30 de abril una muestra itinerante que gira en torno a la figura de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española.

En relación con esta exposición, el presidente de la institución provincial, Francisco Pulido, ha explicado que “viene a extender una serie de iniciativas que venimos realizando sobre el conocimiento de la historia y la significación de la II República”.

“La muestra Azaña y la II República supone una extraordinaria proyección didáctica de aquella época, que ilustra gráficamente la personalidad y la ingente obra literaria y política del presidente republicano”, ha continuado Pulido.

Por su parte, el responsable de la Asociación Cultural Manuel de Azaña de León, Joaquín Rodero, ha hecho hincapié en que “esta exposición, que ya ha estado presente en los municipios cordobeses de Baena y Lucena, continuará su visita itinerante por otras localidades que han mostrado interés en albergarla”.

La exposición, que cuenta con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, consta de dos partes en las que se muestra abundante documentación original de la Segunda República. La mayor parte de este material es propiedad de la Asociación Manuel Azaña de León, mientras que el resto ha sido cedido por la Fundación Luis Bello y por Izquierda Republicana.

En una primera parte, la muestra repasa la actividad política y la vida de Azaña, a través de una serie de fotografías que comienzan con imágenes de su infancia y juventud, continúa con las etapas de la República y la Guerra Civil, y finaliza con su exilio y su entierro en Montauban (Francia) el 4 de noviembre de 1940.

En cuanto a la segunda parte de la exposición, se compone de importante material documental, entre el que destaca un libro editado por las Cortes Constituyentes con las fotos de los diputados electos, monedas y billetes de este periodo histórico.

Completan este material documentos personales de Manuel Azaña, tales como correspondencia personal, el manuscrito Mi rebelión en Barcelona, ediciones de los años 30 de libros escritos por el presidente republicano como El jardín de los frailes, En el poder y la oposición o su discurso más importante conocido por las tres P (paz, piedad y perdón).

Del mismo modo, se exponen una veintena de ejemplares de periódicos y revistas de la época: El liberal, El Sol, Ahora, La Vanguardia, Política, La época, El pueblo, República o El mercantil valenciano.

En formato audiovisual se muestran las dos únicas grabaciones sonoras conservadas de Azaña y la preparación del mitin del campo de Comillas (Madrid) en octubre de 1935.

El Defensor imparte una Conferencia sobre Prostitución en Granada

Ante un numeroso auditorio congregado en el salón de acto de la sede principal de la Cruz Roja de Granada, Francisco García-Calabrés Cobo impartió una conferencia bajo el título de “Perfiles y retos de la prostitución en Andalucía” a la que acudieron miembros de la corporación granadina y técnicos de los servicios sociales, además de integrantes de numerosos colectivos.

En su exposición el Defensor de la Ciudadanía de Córdoba, que fue presentado por el presidente de la Cruz Roja Francisco Escribano y el Defensor de Granada Melchor Sáiz-Pardo, después de analizar la evolución de esta actividad en nuestro territorio y su contexto socio-económico y legislativo, subrayó la necesidad de centrar un debate social poniendo en el centro del mismo a la persona que ejerce la prostitución, sus derechos y libertades, su dignidad e integridad. García-Calabrés, que denunció la hipocresía social en este ámbito, abogó por reforzar la lucha contra la trata de personas asi como las alternativas integrales que ofrezcan posibilidades de salir de esta situación a quienes los deseen.



El Defensor de la Ciudadanía de Córdoba, ha puesto en marcha diversos mecanismos de reflexión sobre esta materia, como han sido la constitución de una mesa social formada por colectivos, la elaboración de un extenso informe monográfico, la celebración de unas recientes jornadas o la publicación de un decálogo.

Se reune la Mesa de Salud Mental

En la Oficina del Defensor de la Ciudadanía, y presidida por su titular, ha tenido lugar la reunión de la Mesa de Salud Mental que se constituyó en el año 2008 y que periódicamente se reúne con los colectivos de asociaciones de enfermos mentales de la provincia, colegios profesionales de médicos y abogados, fundación cordobesa de tutela y el foro andaluz de bienestar mental.

En la reunión se conocieron las propuestas de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados a la Consejería de Salud, y se presentó la Guia de Atención Urgente sobre Salud Mental, que fué valorada muy positivamente por todos los colectivos asistentes como una demanda de información que facilite el trabajo de familiares y profesionales relacionados con este ámbito. Igualmente, la Vocalía del Paciente del Colegio de Médicos informó sobre los proyectos de la nueva junta directiva colegial y de la insistencia en la divulgación de la enfermedad mental y la mejora en la formación de los profesionales y en los dispositivos de tratamiento, fundamentalmente ambulatorios y de integración social y laboral que demandan las asociaciones de familiares.

Presentada la Guía de Atención Urgente sobre Enfermedad Mental

Se ha presentado la Guía de Atención Urgente sobre Enfermedad Mental que ha editado la Oficina del Defensor de la Ciudadanía de la provincia de Córdoba. El trabajo, se ha realizado a demanda de los colectivos de familiares de enfermos mentales de la provincia, y en colaboración con el Colegio de Médicos y el Colegio de Abogados.



La Guía recoge 4 apartados en sus 85 páginas: uno de carácter divulgativo, sobre qué es la enfermedad mental, sus tipologías y caracteres principales, que tratan de terminar con prejuicios sobre su tratamiento. Ya que cerca del 60 % de la población confunde enfermedad mental con retraso mental.

Otro apartado versa sobre las enfermedades mentales, y se centra en la prevención y en los protocolos de actuación en caso de urgencia. Así, por ejemplo, se recoge el protocolo de atención sobre pacientes con riesgo de suicidio, o sobre las personas sin hogar, que padecen entre un 40 a 60 % la enfermedad mental.

El tercer apartado se destina a resaltar los derechos de los enfermos mentales como pacientes y como ciudadanos, y se recogen los protocolos de contención mecánica, exigencia de consentimiento informado, garantías para el tratamiento ambulatorio involuntario, etc.

Y el último apartado, es un directorio con los dispositivos de salud mental de la provincia de Córdoba, los recursos disponibles en sus diferentes niveles de atención, así como las entidades, asociaciones sobre la materia en nuestra provincia.



La guía ha sido presentada por el Defensor de la Ciudadanía, Francisco García-Calabrés, el decano del Colegio de Abogados, José Rebollo, el vocal del paciente del Colegio de Médico, José Julio Cazalla, las presidentas de las asociaciones de familiares Asaenec y Araem, Victoria Díaz e Isabel Ramos, y el responsable de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados, Miguel Orense. En sus intervenciones, todos resaltaron la necesidad de esta Guía y su utilidad, tanto para los pacientes y sus familiares, como para los profesionales y también para toda la sociedad por el carácter divulgativo de la misma.





La enfermedad mental tiene gran incidencia en las sociedades desarrolladas, el 9´2 % de la población sufre algún tipo de trastorno mental, y entre el 20-25 % del total de la población sufre a lo largo de su vida alguna patología de esta naturaleza. Suponen el 40 % de las enfermedades crónicas, apenas el 5 % de quienes la padecen tienen un empleo regular. Hay en nuestro país más de 400.000 esquizofrénicos, se multiplica exponencialmente el riesgo de suicidio en algunas patologías, y la mayoría de estos enfermos no son atendidos, o porque no se conoce la enfermedad o porque no acuden voluntariamente a los dispositivos sanitarios. En nuestra provincia, existen de 5.000 a 7.000 personas que padecen algún tipo de trastorno mental (depresión, ansiedad, bipolar, adicciones, trastornos del sueño, alimentarios, de personalidad….)



El Defensor de la Ciudadanía constituyó en el año 2008 una mesa de trabajo sobre enfermedad mental, en la que están presentes colegios profesionales, asociaciones de familiares, así como fundaciones de ayuda y el Foro Andaluz de Bienestar Mental, en cuyo marco de trabajo se ha desarrollado este documento. La Guía de Atención Urgente sobre Enfermedad Mental, que es la primera guía informativa que edita la Oficina del Defensor, será presentada a los profesionales del derecho y la medicina a través de sus colegios, y a los colectivos de pacientes a través de sus asociaciones en los municipios de la provincia de Córdoba. Con ello, la Oficina del Defensor sigue trabajando en la defensa pro activa de los derechos y libertades de la ciudadanía, especialmente más vulnerable.

El Defensor participa en el Día Internacional del Pueblo Gitano

Convocado por la Unión Romaní, Francisco García-Calabrés asistió al acto celebrado en la Plaza de la Corredera, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano y el apoyo expreso que la Unión Romaní de España realiza a Córdoba como sede de la Capitalidad Cultural 2016. El acto, que consistió en la interpretación por un grupo de jóvenes gitanos de 16 países del himno gitano, fué seguido de unas palabras del presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez-Heredia, así como por los representantes del Ayuntmaiento de Córdoba y la Oficina de la Capitalidad Cultural, donde se proclamaron las aportaciones del pueblo gitano a nuestra cultura, y su igualdad como ciudadanos en nuestra sociedad. El encuentro, celebrado en un ambiente festivo, sirvió para que el Defensor departiera con el presidente nacional de la Unión Romaní sobre la situación de la población gitana en nuestra provincia.