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jueves, 20 de mayo de 2010

LA AA.VV ALFAROS-PUERTA DEL RINCON PIDE EL APOYO DEL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA


La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Alfaros-Puerta del Rincón, con su presidente al frente, Jerónimo Carrillo, se ha reunido con el Defensor de la Ciudadanía Francisco García-Calabrés Cobo, al que han dado traslado de sus demandas sobre el intenso tráfico que padecen en la calle Alfaros, la contaminación acústica y atmosférica que sufren, además de otros problemas de seguridad ciudadana relacionados con las actividades de ocio nocturno en la zona, destrozo de árboles, etc. La Asociación que, apuesta por la peatonalización, ya ha demandado soluciones de las administraciones implicadas, acometiendo diversas acciones de protesta.




El Defensor informó a los interesados de los derechos que le asisten como ciudadanos, y comprende la situación generada por el exceso de tráfico sobre la zona que se agrava con el cierre de la calle Alfonso XIII, sugiriéndose soluciones alternativas de restricción del tráfico y circulación para residentes que serán trasladadas a las administraciones implicadas, debiendo primar sobre todo en materia de contaminación, siempre la salud y la integridad de los vecinos.

viernes, 14 de mayo de 2010

El Defensor apoya a los trabajadores de Cajasur

Aspromonte pide que se eviten medidas traumáticas laborales en la fusión de Cajasur


 El sindicato mayoritario de Cajasur, ASPROMONTE, representado por su presidente José Ignacio Torres, su secretario general José Luis Pulido y miembros de la junta directiva, ha mantenido una reunión con el Defensor de la Ciudadanía Francisco García-Calabrés Cobo en el día de hoy, a quien le han dado traslado de su preocupación por la estabilidad laboral y por el proceso que se encuentra Cajasur, habiéndose convocado una manifestación para el próximo lunes con el lema “por una fusión justa”.


García-Calabrés ha mostrado su solidaridad con los trabajadores de Cajasur, que lo es con la sociedad cordobesa, y ha pedido un último esfuerzo, para que junto a la viabilidad financiera se tengan muy en cuenta la estabilidad laboral, y como establece el documento Protocolo de Fusión firmado por las partes, ésta se realice evitando medidas traumáticas. Para ello, sería conveniente contar con el máximo consenso posible y el acuerdo de ambas entidades, y que las medidas de recorte de plantilla necesarias se adopten de mutuo acuerdo, en un calendario escalonado y con las necesarias garantías, entendiendo que los sacrificios necesarios para la viabilidad de la entidad no sólo deben aplicarse a los trabajadores, y que los recortes hay que proporcionarlos en también en otros niveles salariales.

Francisco García-Calabrés comparte la preocupación de los trabajadores sobre las cifras de excedentes laborales de ceca de 900 empleados de Cajasur que maneja la consultora Boston Consulting, que serían muy negativas para la sociedad cordobesa. El Defensor manifestó que la democracia se caracteriza por el ejercicio real de los derechos, y a los ciudadanos les asiste el derecho de manifestarse, por lo que es comprensible la convocatoria de manifestación próxima por una fusión justa y un empleo digno como recientemente han protagonizado otras fuerzas sindicales en esta materia. Finalmente confía en el esfuerzo negociador para que las partes lleguen a un acuerdo mutuo de consenso antes del plazo fijado por el Banco de España.

jueves, 6 de mayo de 2010

El Defensor ha participado en la Conferencia sobre Libertad Religiosa

El Defensor de la Ciudadanía, Francisco García-Calabrés Cobo, invitado por el Ministro de Asuntos Exteriores, ha participado en la Conferencia Internacional sobre la Libertad Religiosa en las Sociedades Democráticas que se ha celebrado en Córdoba el 3 y 4 de mayo. Al encuentro de alto nivel asistieron responsables políticos y ministros de diversos países, secretarios de estado, profesores universitarios y representantes de diversas confesiones religiosas. En el transcurso del mismo se puso de relieve el respeto al pluralismo religioso y al derecho a la libertad religiosa como manifestación de la libertad de pensamiento, que no debe encontrar más limitación que el orden público establecido por la ley.



Igualmente, se hizo incapié en la necesidad del diáologo interreligioso como mecanimso de acercamiento entre pueblos y culturas, y también como prevención de enfrentamientos en cuyo origen se encuentra la ignorancia y el prejuicio.



El encuentro se desarrolló dentro del marco de la Alianza de Civilizaciones y la presidencia española semestral de la Unión Europea.
 
 

Los vecinos, contrarios a las tesis urbanísticas del Defensor del Pueblo

José Chamizo defiende las sanciones o la regularización de las parcelaciones ilegales trasladando los costes a los propietarios, en contra de lo que defienden diversos colectivos vecinales cordobeses

¿Cuál es la receta para terminar con la problemática de las parcelaciones ilegales? El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, lo tiene claro: cumplimiento estricto de la ley, de tal manera que los ayuntamientos articulen las medidas necesarias para impedir las infracciones, imponiendo sanciones y/o derribos; y en caso de posibilidad de regularización, que los gastos corran a cuenta de los propietarios. El coste cero para las arcas municipales, que diría el alcalde, Andrés Ocaña.

Así lo señala el Defensor del Pueblo Andaluz en su último Informe al Parlamento 2009, presentado a finales del pasado mes. Un informe de más de mil páginas en el que, entre otras cuestiones, aborda este problema dentro del capítulo destinado al análisis de los derechos relativos a la vivienda, al urbanismo y a los transportes; planteando unas sugerencias que, lógicamente, no han sido bien recibidas por diversos colectivos vecinales cordobeses.

Y es que a pesar de que el Defensor lanza un serio aviso a los ayuntamientos, al afirmar que estamos ante “un problema de extraordinaria entidad que muy pocos municipios han abordado con la seriedad y rigor necesario y que continúa presente en diversas partes de nuestro territorio”; se coloca más bien del lado de las actuaciones municipales que de las tesis que vienen defendiendo muchos vecinos de Córdoba –una de las ciudades andaluzas donde el fenómeno está más extendido–; más partidarios de la regularización masiva que de otra cosa.



Tres recomendaciones

Al respecto, y con carácter general, el Defensor recomienda adoptar tres tipos de medidas. En primer lugar, señala que cuando se trate de parcelaciones respecto de las que no haya prescrito la posible infracción administrativa, “las autoridades adopten las medidas legales a su alcance para impedir la consolidación de las infracciones cometidas”.

En segundo lugar, y para las urbanizaciones en las que tales infracciones hayan prescrito, y salvo que exista un interés público que aconseje su demolición; el Defensor plantea que se “aborde su regularización pudiéndose utilizar la Disposición Adicional 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”.

Esta disposición permite, básicamente, que los ayuntamientos puedan declarar determinadas urbanizaciones concretas en “situación legal de fuera de ordenación”, si ya estaban construidas antes de aprobarse las distintas normas de planeamiento, siempre motivando cada caso concreto e impidiendo la proliferación de nuevas obras.

Por último, el Defensor indica que a la hora de abordar, en su caso, la regularización “se evite que los costes de la regularización se trasladen a las arcas municipales, debiéndolos afrontar los promotores y los residentes en ellas”. En definitiva, que paguen los propietarios.

Algo bastante alejado de lo que vienen defendiendo los vecinos más afectados por los procesos de ilegalización o regularización de estas parcelaciones, y por la propia Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara, que tradicionalmente ha defendido la regularización de todas las viviendas ya existentes.



Una demanda social

En concreto, el vicepresidente de la Federación y nuevo coordinador del Área de Periferia de esta Federación, Emilio Góngora, indicaba recientemente que en este ámbito “es necesario tener en cuenta el factor humano en el tratamiento que se dé a las parcelaciones no legales”, y solicitaba buscar fórmulas de financiación con la Administración “para que se puedan llevar adelante los planes de urbanización por parte de los parcelistas, teniendo en cuenta la repercusión que está teniendo la crisis”. Facilidades que, con crisis o no, no plantea el Defensor del Pueblo.

Precisamente, respecto a los costes, Juan Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos Las Pitas –cuyos vecinos están inmerso en esta problemática–, señaló a El Semanario que los vecinos “tenemos asumido que debemos hacer frente a los costes y a las multas que se nos han puesto, pero ningún representante público habla de que si existen parcelaciones, mal llamadas ilegales, es porque hay una demanda social, y nadie habla de la realidad social que hay detrás y del derecho que tenemos todos a residir en una vivienda horizontal”.

Respecto a los planteamientos del Defensor del Pueblo, Juan Martínez considera que, lejos de que los ayuntamientos inicien expedientes por infracción en este tipo de casos, sería necesario un cambio de dirección a nivel general, “pues lo que habría que hacer es legislar y realizar acciones no para quitar, sino para dar servicios y garantizar el derecho a la vivienda de todos”.

En cualquier caso, el Defensor del Pueblo lo tiene claro, como también se desprende de su labor en las distintas cuestiones que al respecto se le plantearon en 2009, de las que en el citado informe reseña tres quejas concretas, dos pertenecientes a ayuntamientos sevillanos, y una referente a Córdoba.

En concreto, la queja 08/1738, abierta de oficio cuando la Oficina del Defensor tuvo conocimiento de la existencia de una parcelación ilegal en la zona de El Rosal del Rubio, cerca del aeropuerto. Al respecto, el Defensor se dirigió a la Gerencia Municipal de Urbanismo para solicitar información, concluyendo que la Gerencia estaba actuando correctamente al haber dado cuenta del asunto al Ministerio Fiscal en aquellos casos que no habían prescrito. Un caso que que sigue su curso, ya que recientemente se ha conocido que la Fiscalía ha pedido un año de cárcel y la demolición de un chalet para uno de estos propietarios.